Ocho años de Uribismo: más allá de un Fujimorazo
Jueves 29 de julio de 2010, por
A escasos días del cierre del Gobierno más largo y popular de la historia reciente de Colombia, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia están muy cerca de develar la estratagema que dio lugar a la institucionalización del crimen que marcó la era Uribe, con escándalos de corrupción, alianzas macabras de políticos con actores violentos y persecuciones ilegales que, en suma, no sólo beneficiaron al primer mandatario sino que terminaron concretando un proyecto de sociedad policiva, reprimida e intolerante con el disenso.
Colombia | Víctimas de Crímenes de Estado |
Primero fue la Sala Penal de la Corte la que introdujo el dedo en la llaga, al poner en evidencia cómo la coalición de Gobierno suscribió un pacto de “refundación de la Patria” con grupos paramilitares y empresarios regionales, que fue la plataforma que permitió la llegada al Congreso de la República a los líderes políticos y la formulación de Ley de Justicia y Paz, que sirvió de marco legal a la desmovilización de los paras, una norma de punto final que permitía la imposición de penas de hasta ocho años por delitos de lesa humanidad.
Para la Corporación, la firma de los llamados pactos de Chivolo (Magdalena) y Ralito (Córdoba) fueron la prueba palpable de la manera mancomunada como los congresistas y las Autodefensas terminaron ejerciendo sus labores de legisladores y actores armados contrainsurgentes, respectivamente, en favor de la imposición de un orden social, político y económico que, al parecer, se configuraba mediante la llegada del uribismo al poder.
Uno a uno fueron cayendo los parlamentarios adscritos a la coalición gobernante, tras las investigaciones de la Sala Penal; más del 35 por ciento de los congresistas elegidos en 2002 y 2006 estaban siendo procesados, incluyendo a algunos de los que reemplazaron a los que ya habían sido llamados a juicio, lo que empezó a generar los primeros rifirrafes entre el jefe del Estado y la Rama Judicial, una relación que en el papel no generó mayores sobresaltos hasta 2006, pero que años después se rompería casi por completo.
El ex director de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Rafael García, empezó a dar las primeras puntadas de lo que sería el mayor escándalo de infiltración del crimen organizado en ese organismo de inteligencia que, cabe anotar, actuaba bajo órdenes de Presidencia; la llegada de Mario Iguarán a la Fiscalía fue transformando ese panorama de aparente impunidad que pareció dejar Luis Camilo Osorio, en tanto que la Justicia empezaba a recopilar las primeras fichas del rompecabezas con la acusación en contra de Jorge Noguera Cotes.
Mientras el país reconstruía la historia de cómo el paramilitarismo hizo del DAS su propia unidad operativa para reprimir la actividad sindical, la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la oposición al Gobierno, la Corte seguía descubriendo los nexos del paramilitarismo con dirigentes afines al uribismo, hasta llegar al más cercano de los colaboradores del Presidente, Mario de Jesús Uribe Escobar, quien además de ser el primo del estadista fue su eterno coequipero político.
Fue Uribe Escobar quien al lado del primer mandatario fundó el Partido Colombia Democrática y quien al parecer conocía sus más íntimos secretos, pues él mismo llegó a admitir que no había nada que entre los dos se pudieran ocultar; de ahí que la investigación en contra del ex senador generara tan viscerales reacciones por parte del mandatario, que derivaron en una verdadera batalla campal con el magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete, entonces presidente de la Corporación.
El alto funcionario señaló ante los medios de comunicación que el Presidente Uribe lo había llamado para pedirle explicaciones frente al caso de su primo hermano, versión que no sólo fue rechazada tajantemente por parte de Uribe Vélez sino que motivó una denuncia que aquel interpuso ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por injuria y calumnia; dos veces fue convocado el magistrado para conciliar con el accionante, petición que fue coadyuvada por su defensor , pero que nunca fue aceptada por Valencia.
Por la misma época y casi sin proponérselo fue el propio Presidente quien empezó a poner en evidencia los seguimientos irregulares en contra de la Corte, al expresar en una entrevista radial que tenía certeza de que el magistrado auxiliar de la Sala Penal, Iván Velásquez, se “emborrachaba” con los testigos de cada proceso, cuestionando el hecho de que el llamado investigador estrella de la parapolítica tuviera ese tipo de actuaciones.
“Aquí lo que hay es una reacción contra el tráfico de testigos (...) Aquí ha pasado desapercibido, como que no importara, que algún investigador de la Corte haga tráfico con testigos o se emborrache con ellos, en diligencias", dijo Uribe luego del archivo de la investigación en contra de Velásquez, quien había sido acusado de persuadir al desmovilizado paramilitar José Orlando Moncada Zapata, alias “Tasmania”, para que declarara en contra del Presidente.
El ex paramilitar se retractó de esta versión y advirtió que el funcionario judicial nunca lo instó a manifestar que el estadista era quien le había ordenado asesinar a un ex paramilitar que, al parecer, pudo haberlo perjudicado.
Las palabras del primer mandatario en una rueda de prensa, poco antes de partir hacia los Estados Unidos para continuar con el lobby al Tratado de Libre Comercio, TLC, terminaron siendo la soga invisible alrededor del cuello del uribismo, cuando fue él mismo quien alertó al país sobre la existencia de una información recopilada por organismos de inteligencia, en las que se evidenciaba que la oposición se estaba reuniendo con sindicalistas norteamericanos para minar el convenio bilateral.
El interrogante acerca de si la Inteligencia seguía los pasos de los partidos contradictores al Gobierno quedó rondando tenuemente en unos pocos círculos de opinión, en momentos en los que el país ya empezaba a internarse en otro pavoroso escándalo de corrupción, que puso en duda la legitimidad de la reforma constitucional que le dio vía libre a la reelección del presidente Uribe; la Yidispoítica vio la luz y con ella un nuevo viso de criminalidad institucional.
La ex congresista Yidis Medina admitió haber recibido prebendas a cambio de dar su voto favorable a la reforma, que resultó siendo definitiva, luego de haber sido investigada por la queja que en ese sentido interpuso el representante a la Cámara, Germán Navas, hecho que inicialmente no produjo ningún resultado por falta de pruebas, pues la misma ex parlamentaria, asistida por abogados contratados por el Gobierno, desmintió haber sido objeto de los ofrecimientos.
“Los abogados que asumieron su defensa (la de Yidis Medina), después de que Carlos Germán Navas Talero la denunció fueron por cuenta del Gobierno Nacional”, dice el escrito de acusación en contra del ex ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, llamado a juicio un año después de que la Corte Suprema de Justicia hubiera pedido que se les investigara a él y a su par de Protección Social, Diego Palacio, por cohecho, por ser los supuestos gestores del ofrecimiento de Notarías a favor de la reelección.
Álvaro Montoya y Clara María González habrían sido enviados por el Ejecutivo para indicarle a la ex congresista cómo debía contestar a las autoridades para no ser involucrada en proceso jurídico alguno, poco antes de que el periodista Daniel Coronell le presentara al país la confesión que la propia Yidis Medina hizo ante las cámaras, que sólo sería de conocimiento público en caso de que el Gobierno no cumpliera con los supuestos acuerdos que habría establecido con ella para que respaldara la reelección.
La Corte Suprema de Justicia encontró que la ex congresista, tanto como el titular de la curul que ella ocupó en la Comisión Primera de la Cámara, Iván Díaz Mateus, y el también congresista Teodlindo Avendaño fueron los acreedores de las prebendas que abrieron el camino para la aprobación del proyecto de acto legislativo que le permitió al Presidente dar el primer paso hacia la prolongación de su estadía en la Casa de Nariño. Adicionalmente, la Sala Penal abrió investigaciones en contra de varios parlamentarios que, según el ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Cuello Baute, también recibieron notarías a cambio de su apoyo al proyecto.
Por si fuera poco, la bandera de la Administración Uribe, su política de seguridad democrática, recibió un fuerte golpe del que hasta ahora no se a podido recuperar, luego de que se comprobara que la extraña desaparición de 11 jóvenes de Soacha, Cundinamarca, fue el resultado de engaños por parte de uniformados del Ejército que los asesinaron y más tarde los hicieron pasar como guerrilleros dados de baja en combate.
Ejecuciones extrajudiciales de ese estirpe empezaron a ser el pan de cada día, lo que motivó la relación que algunos estudiosos establecieron entre la ocurrencia del ilícito y la directiva 029 de 2005, expedida por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, que otorgaba permisos y recompensas a quienes consiguieran dar de baja a los militantes de grupos armados al margen de la Ley; más de 1.200 casos fueron conocidos por la Fiscalía hasta la primera mitad de 2009, en lo que fue denominado como ‘falsos positivos’.
Las cifras aterradoras expresadas por la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos en diversas investigaciones dan cuenta de la ocurrencia de 3.796 casos de ejecuciones extrajudiciales entre 1994 y 2009 y que 3.084 de ellas se produjeron en los últimos siete años, es decir, desde la entrada en vigencia de la política de seguridad democrática.
Si bien el Presidente ha manifestado en numerosas declaraciones que la mayoría de las denuncias son falsas y que se trata de casos aislados, ex comandantes narcoparamilitares como Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, entre otros, han denunciado en sus versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz que era frecuente la planeación de ese tipo de crímenes de manera mancomunada con la fuerza pública y que incluso recurrieron a ello cuando necesitaban “ajusticiar” a su propia gente.
Decenas de oficiales, suboficiales y soldados del Ejército Nacional fueron llamados a juicio como presuntos responsables de los homicidios, no sin dejar el halo de vergüenza y sospechosas justificaciones de parte de los representantes de las fuerzas castrenses; como si fuera poco, los familiares y dolientes de las víctimas fueron objeto de amenazas y persecuciones que aún en el actualidad se siguen presentando, pese a que fueron denunciados públicamente.
Adicionalmente, algunos jueces contribuyeron a acentuar el drama de las víctimas, incurriendo en actuaciones que impulsaron la dilación de muchos procesos, dejando en libertad a los acusados de los crímenes por el vencimiento de los plazos legales para iniciar cada juicio. El mismo Consejo Superior de la Judicatura comprobó que los operadores judiciales, consciente o inconscientemente, actuaron en complicidad con los defensores de los militares al conceder peticiones que no tenían validez legal.
Tal es el caso de los conflictos entre la Justicia Ordinaria y la Militar invocados en la mayoría de los procesos, cuando ni siquiera los jueces castrenses habían solicitado conocer del proceso; los abogados alegaban que se trataba de investigaciones que debían ser abordadas por esta última jurisdicción, pero teniendo en cuenta que se trataba de homicidios en persona protegida, no había lugar a que el Juez de Conocimiento enviara el conflicto a la Judicatura, y de ahí que su Sala Disciplinaria hubiera tenido que abstenerse de pronunciarse de fondo, no sin antes generar la para injustificada de los procesos.
A falta de escándalos y casada la pelea del Presidente Uribe con la Corte Suprema de Justicia, el país empezó a divisar las primeras luces del pavoroso plan que desde los organismos de inteligencia se había tejido para mantener a raya a la oposición, los líderes defensores de derechos humanos, algunos periodistas y los magistrados de las altas cortes.
En febrero de 2009, los medios de comunicación revelaron el contenido de conversaciones telefónicas interceptadas ilegalmente por el DAS, gracias a las cuales se puso en evidencia que el organismo de inteligencia había sido utilizado para neutralizar a todos los contradictores del Gobierno, incluyendo la Rama Judicial, que se había convertido en la piedra en el zapato para la administración Uribe.
Bastaron algunos meses para que la opinión pública conociera las impresionantes dimensiones de la empresa criminal que se había fraguado desde este organismo adscrito a la Presidencia de la República, con el fin de mantener la solidez del establecimiento. Por efecto dominó fueron cayendo en la mira de la Justicia los altos mandos de la entidad, la mayoría nombrados por el Presidente Uribe.
Los magistrados César Julio Valencia Copete e Iván Velásquez y los líderes opositores a quienes Uribe se había referido por actuaciones que no eran de conocimiento público sino propias de su intimidad habían sido blanco de las persecuciones, lo que parecía responder a la pregunta inconclusa de la rueda de prensa en la que el mandatario, en un ataque de imprudencia, dijo tener certeza de que la oposición se reunía con sindicatos estadounidenses para bombardear el TLC, gracias a las información recopilada por organismos de inteligencia.
El DAS había creado un grupo denominado el G-3, que se encargaba de establecer los blancos políticos del Estado y que, según el mismo ex director Andrés Peñate, se había convertido en un fortín anticomunista, que parecía no ser consciente de que “la guerra fría ya había terminado”. No sólo se limitó a perseguir ilegalmente a los contradictores del Ejecutivo sino que pasó a la ofensiva, tras emplear medios criminales para comprometer a magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos en ilícitos y ponérselos en bandeja de plata a los grupos paramilitares.
El propio Salvatore Mancuso manifestó que el DAS, el Ejército y las Autodefensas trabajaban mancomunadamente y que altos mandos castrenses no sólo ordenaron operaciones conjuntas entre los dos grupos armados sino que, como en el caso del general (r) Mario Montoya, hubo peticiones expresas para que aplazaran su desmovilización para confiarles la lucha contrainsurgente en el Norte de Colombia.
Resulta más que anecdótico que el ex comandante paramilitar haya señalado al general (r) Iván Ramírez Quintero como uno de sus más frecuentes colaboradores cuando comandaba la Primera Brigada del Ejército, con sede en Santa Marta, y que unos meses después de la baja del oficial (r), llamado a juicio por el holocausto del Palacio de Justicia, el propio Presidente Uribe lo hubiera nombrado como asesor de inteligencia del DAS.
Además, Mancuso acusó al ex subdirector del organismo José Miguel Narváez de visitar frecuentemente los campamentos de los grupos de Autodefensa y de adoctrinar a sus militantes; coincidió con varios ex detectives de la entidad en señalarlo como el encargado de fijar los blancos políticos, que estaban dados por su grado de disidencia para con el Gobierno Nacional.
Pero no sólo fue ese organismo de inteligencia el que fue puesto al servicio de esta persecución; la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, bajo la tutela del Gobierno Nacional, también fue utilizada para seguir los movimientos financieros de los magistrados de la Corte Suprema y de senadores como Piedad Córdoba y Gustavo Petro, pese a que no existía una orden judicial que lo respaldara, como lo exige la Ley.
Según el Fiscal Octavo Delegado ante la Corte, Misael Rodríguez, el DAS y la Uiaf se concertaron para seguir los pasos de los integrantes de la Colegiatura y de los congresistas, pero además prepararon un plan para desprestigiarlos y vincularlos, a como diera lugar, con el crimen organizado.
El mismo representante del ente de control indicó que, pese a que ninguno de los blancos registraba operaciones financieras sospechosas, continuaron siendo objeto de seguimientos que no tenían ningún sustento investigativo y que se basaron, incluso, en comentarios de foristas de los sitios web de los medios de comunicación.
Añadió que fueron estos mismos investigadores los que citaron a reconocidos periodistas para manifestarles como un hecho demostrado que el traslado de los magistrados a Neiva en 2007, donde el entonces presidente de la Corte, Yesid Ramírez Bastidas, fue homenajeado, se debía a los supuestos nexos que éste último mantenía con el presunto narcotraficante Ascencio Reyes.
El Fiscal insistió en que no había una sola prueba sólida, pero que aún así la Presidencia dio la orden de filtrar los “informes secretos” sobre las actividades de los integrantes de la Corte con los medios de comunicación, según lo dio a conocer el ex director del Grupo de Inteligencia del DAS denominado Goni, Germán Ospina, quien rindió interrogatorio ante el ente acusador.
“Es la campaña de desprestigio del DAS en contra de los magistrados. Para ello se sirvieron de los medios de comunicación y esto no es una deducción de la Fiscalía; sobre esto da clara cuenta el director de Goni: ‘es mi deseo confesarle al despacho que mucha de esta información fue dada a conocer a los medios de comunicación por orden de Presidencia, según me lo manifestaba el capitán Lagos’”, señaló Rodríguez en la audiencia de acusación en contra del ex director de la Uiaf Mario Aranguren.
No sólo en este si no en los demás procesos, en los que han sido vinculados 16 altos funcionarios de Inteligencia, se puso al descubierto que los organismos de seguridad dirigidos por la Presidencia fueron infiltrados casi por completo por el crimen organizado y además fueron utilizados para perseguir y hasta para desprestigiar a quienes de alguna manera se mostraron resistentes ante el jefe del Estado colombiano.
No parece fortuito que ese tipo de hostigamientos encontraran como receptores a los integrantes de las altas cortes, que definían temas cruciales para Uribe Vélez como lo eran la reelección y los escándalos de la parapolítica y la Yidispolítica, que no tuvieron a más protagonistas que sus coequiperos. Tampoco puede dejarse de lado el que hayan sido los defensores de derechos humanos y los congresistas de la oposición los figuraran entre sus objetivos, pues se trata, nada más y nada menos, que de los más vehementes contradictores del uribismo.
Todos los caminos parecen ir hacia la misma dirección y no resulta descabellada la comparación sugerida desde algunos sectores de opinión, que equiparan ese estado de cosas con la tragedia que vivió el Perú hace más de una década, con la llegada al poder de Alberto Fujimori. Al igual que el mandatario inca, Uribe se jugó todas las cartas a favor de la prolongación de su período presidencial, utilizando como bandera la lucha contrainsurgente.
Al igual que su par peruano, el estadista colombiano consolidó una imagen de autoridad y mano fuerte ante sus electores que le valió para ganarse un respaldo popular inusitado y ser visto ante la comunidad internacional como el redentor de su pueblo.
En el caso peruano, el mundo fue descubriendo una maraña de ilegalidad, atrocidades y crímenes en contra de la humanidad que sostuvieron el reinado fujimorista, que terminó derrumbándose como un castillo de naipe ante el menor respiro. El uribismo, por su parte, sigue gozando de legitimidad y respaldo de la comunidad internacional, pues pese a que todo pareciera acusarlo, la hipótesis acerca de su responsabilidad jurídica está todavía por ser demostrada. De ahí la trascendencia de temas como la elección del Fiscal General de la Nación y la reforma Judicial que pretende impulsar el Ejecutivo.
El país se encuentra ante una oportunidad histórica de develar una verdad que nunca antes el fue tan cercana, labor que consagra en la Rama Jurisdiccional un protagonismo de excepción, toda vez que de su gestión de donde depende el éxito de este propósito. Será la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía general de la Nación la que termine de reconstruir este rompecabezas de criminalidad instituticionalizada, una tarea que podría quedar inconclusa si el nuevo Gobierno logra reformar sus competencias por vía legislativa.
Dependerá de la decisión de los colombianos en las urnas y en el activismo político si se mantiene en la Rama Judicial el deber de poner fin a la ignominia y salvar la honra del Estado o si la dignidad le da paso a la intervención de organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional, CPI, un organismo garante de la Justicia, pero cuya actuación equivale al fracaso de nuestras instituciones.
